El domingo 18 de enero de 2026, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó un estado de sitio a nivel nacional por 30 días tras una violenta oleada de ataques perpetrados por pandillas que dejó al menos siete u ocho policías muertos, decenas de heridos y una crisis de control penitenciario que puso al país centroamericano en uno de sus momentos de mayor tensión en años recientes.

La medida, que puede implicar la suspensión de ciertos derechos constitucionales, llegada en un contexto de ataques coordinados, motines en varias cárceles y una respuesta enérgica del Estado para recuperar el control, marca un punto crucial en la lucha de Guatemala contra el crimen organizado y las estructuras criminales más violentas del país.

La chispa que encendió la crisis

La escalada de violencia se detonó durante el fin de semana, cuando al menos tres cárceles de alta seguridad registraron disturbios simultáneos en los que los reclusos —principalmente miembros de pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13)— se sublevaron y tomaron como rehenes a decenas de guardias penitenciarios.

Las autoridades aseguran que los motines fueron una respuesta a decisiones recientes en materia de seguridad: la revocación de privilegios para líderes de pandillas presos y el traslado de algunos de ellos a centros de máxima seguridad. Este tipo de medidas han tensado años de relación entre las pandillas y el sistema penitenciario, provocando reacciones violentas que, hasta ahora, el Estado no enfrentaba de forma tan abierta.

Durante esos disturbios, muchas de las personas retenidas fueron liberadas por fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC). No obstante, tras la intervención en las cárceles, grupos criminales lanzaron una serie de ataques coordinados contra agentes policiales en diferentes puntos de Ciudad de Guatemala y sus alrededores, dejando saldo de varios uniformados asesinados y otros heridos.

El decreto de estado de sitio

Ante estos hechos, el presidente Arévalo anunció en cadena nacional que decretaba estado de sitio por 30 días en todo el territorio guatemalteco. La medida —que aún debe ser ratificada por el Congreso— entró en vigencia inmediatamente para permitir a las autoridades enfrentar la crisis de seguridad.

En su declaración, Arévalo enfatizó que esta acción se toma para garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos, permitir el uso de todos los recursos del Estado para combatir a las pandillas, y asegurar que no se negocia con grupos criminales que buscan imponer “sus reglas” mediante la violencia.

Según el presidente, la medida no debe interpretarse como un retroceso institucional ni como una alteración de la vida cotidiana. Por el contrario, Arévalo aseguró que el estado de sitio no afectará las actividades normales, la movilidad de los ciudadanos ni los procesos políticos en marcha, aunque sí permite una respuesta más vigorosa frente a la violencia.

¿Qué implica el estado de sitio?

El estado de sitio es un régimen de excepción contemplado en la Constitución de Guatemala que puede activarse cuando hechos graves de violencia, insurrección o ataques criminales superan la capacidad de respuesta de las autoridades civiles. Entre las facultades y restricciones que puede incluir se encuentran:

• Restricción de derechos constitucionales, tales como la libertad de reunión y de manifestación.
• Detenciones sin orden judicial previa para personas sospechosas de alterar el orden público o pertenecer a estructuras criminales.
• Mayor presencia y liderazgo de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública.
• Control de zonas específicas si se considera necesario para restablecer la calma.

Aunque no se han detallado todos los límites específicos de la medida, el gobierno guatemalteco sostiene que su uso obedece a la necesidad de recuperar la tranquilidad en regiones afectadas por la violencia de pandillas y restituir la autoridad del Estado.

Respuesta de las fuerzas de seguridad

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que el gobierno se siente “dolido” por la muerte de los policías y enfatizó que la violencia que se ha visto en los últimos días puede calificarse como terrorismo o crimen organizado. Villeda sostuvo que no se negociará con pandillas, subrayando que el Estado debe mantener la firmeza para no ceder ante la presión criminal.

Hasta el momento se han detenido a varios presuntos pandilleros relacionados con los ataques, y las fuerzas de seguridad han reforzado sus operativos en todo el país, con presencia militar en las zonas más conflictivas.

Impacto social: suspensión de clases y medidas de emergencia

La ola de violencia ha tenido efectos inmediatos en la vida diaria. El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases a nivel nacional por motivos de seguridad, una medida que afecta a estudiantes y familias y refleja la magnitud de la crisis.

Además, se han cancelado eventos públicos y restringido actividades recreativas mientras las autoridades intentan estabilizar la situación. En momentos de alta tensión, muchas familias optan por permanecer en sus hogares ante el temor de verse atrapadas en actos violentos.

Contexto de la violencia de pandillas en Guatemala

La violencia pandilleril ha sido un problema persistente en Centroamérica durante décadas, con Guatemala enfrentando la presencia de grupos como Barrio 18 y Mara Salvatrucha que operan tanto dentro como fuera de las prisiones. Estas pandillas están implicadas en extorsión, narcotráfico, secuestros y otros delitos graves, y han desafiado regularmente a las autoridades del país.

La situación actual marca uno de los momentos más críticos de los últimos años, en parte porque los motines y ataques coordinados contra la policía reflejan una capacidad de respuesta más organizada por parte de las pandillas, y porque el Estado ha decidido aplicar medidas de excepción más drásticas que en el pasado.

Reacciones y apoyos internacionales

Aunque los detalles de las reacciones oficiales de países vecinos aún están en desarrollo, organismos internacionales y gobiernos han estado observando con atención el desarrollo de los acontecimientos. En casos anteriores de violencia pandilleril en Centroamérica, como en El Salvador, gobiernos han adoptado estados de emergencia similares para intentar contener la violencia, lo que ha generado debates sobre derechos humanos, eficacia policial y seguridad ciudadana.

Luto nacional y mensaje del Ejecutivo

El Ejecutivo guatemalteco declaró tres días de duelo nacional y ordenó que las banderas ondeen a media asta en honor a los policías caídos. Arévalo destacó que el sacrificio de los agentes que perdieron la vida al servir a su nación no será olvidado y reforzó su compromiso con la seguridad pública a pesar de los desafíos extraordinarios.

¿Qué sigue para Guatemala?

Con el estado de sitio en vigor, el gobierno de Guatemala tiene un mes para implementar acciones que, en teoría, frenarán la violencia pandilleril y restituirán el orden. Las siguientes semanas serán críticas para medir si la estrategia estatal logra reducir los ataques, fortalecer la autoridad institucional y proteger a la población civil ante amenazas criminales persistentes.

Queda por verse cómo evolucionará la situación, si el Congreso ratifica el estado de sitio sin modificaciones, y cómo responderán tanto los grupos criminales como la sociedad en general ante esta medida de emergencia sin precedentes en tiempos recientes.